Narón, 4 de septiembre de 2015. - El secretario general de Terra Galega y concejal de Seguridad Ciudadana y Transporte Público de Narón, Guillermo Sánchez Fojo, y el portavoz municipal del BNG, Pablo Villamar, se reunieron con el cosecretario comarcal de la CIG, Manel Grandal, y el integrante de la Federación Comarcal de Industria en el mencionado sindicato, Alberte Amado, para analizar la viabilidad de presentar en el próximo pleno una moción promovida por esta central sindical sobre la proposición de ley que impulsa por Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que se recogen una serie de medidas para garantizar la energía como servicio público y contra la pobreza energética. Sánchez Fojo y Villamar indicaron que las formaciones a las que representan, Terra Galega y BNG, respectivamente, apoyarán este documento y avanzaron que se pondrán en contacto con el resto de grupos de la corporación local para que se sumen a la propuesta de la CIG antes de llevar la moción al pleno municipal para, posteriormente, trasladar el respaldo a esta ILP al Parlamento Gallego y recabar el apoyo de la vecindad a la misma. En la moción se incide en que la "imposición en el Estado español de un criterio de un sistema eléctrico único y de tarifa única es perjudicial para Galicia, al tratar por igual a los consumidores de los diferentes territorios, sin tener en cuenta su aportación como productores de energía". La CIG denuncia que las actuales tarifas eléctricas "son las terceras más caras para el consumo doméstico y las octavas para el industrial, según una comparativa de Eurosat sobre treinta estados europeos". La central incide además en que en Galicia la tarifa debería tener una bonificación de un 30% en los peajes y apostar por una de carácter industrial estable y predecible para incrementar el atractivo del territorio para el asentamiento de empresas, atendiendo a lo que la propuesta supondría en cuanto a la generación de riqueza y empleo. La CIG apunta también que en Galicia cerca de 187.000 personas, lo que representa el 18% del total de la población, tienen dificultades para abonar sus facturas energéticas, situación que la central califica de "intolerable en una sociedad socialmente avanzada". En el apartado de las medidas para garantizar la energía como servicio público para el desarrollo económico e industrial de Galicia en la moción se recogen propuestas como la implantación de medidas encaminadas a la participación de la Xunta en el aprovechamiento público de todos los recursos energéticos e instalaciones de producción, distribución y transporte existentes en el país; de una tarifa eléctrica más baja; de la inclusión de Galicia en el actual Plan Estatal del Carbón y la diversificación de las fuentes de energía, entre otras propuestas. En cuanto a la erradicación de la pobreza energética en el país, desde la CIG se propone que sea la Xunta la administración que asuma el coste de las facturas de gas y electricidad de las personas consumidoras vulnerables en riesgo de pobreza energética y que acuerde con las empresas suministradoras de los servicios los mecanismos de intercambio de información y de precios sociales, así como a facilitar información actualizada sobre tarifas sociales y ayudas y medidas previstas para frenar la pobreza energética.